Derechos Humanos (XXI), por A. Fernández García
(continuación)
Artículo 22
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”
Dice la OMS: “La cobertura sanitaria universal significa que todas las personas tengan acceso a la atención sanitaria que necesiten, cuando y donde la necesiten, sin tener que hacer frente a dificultades económicas. Con una base sólida en la atención primaria, la cobertura sanitaria universal es una de las prioridades clave de la OMS, que está colaborando con los Estados Miembros, los asociados y otros agentes clave para ayudar a los países a acelerar el avance hacia la cobertura sanitaria universal en todo el mundo.”
Aunque esta seguridad social que
propugna la Organización Mundial de la Salud cubre el 69% de la población
mundial sólo abarca 72 países. En el Continente Africano sólo lo tiene
Botsuana. En Asia sólo Japón, China, Tailandia, Hong Kong y Singapur lo tienen
establecido. Suponen unos tres mil millones de seres humanos que carecen de esa
cobertura social básica.
En nuestro país el punto de
partida se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales de 1883. Durante los
distintos regímenes se fueron estableciendo tipos de protección dirigidos a los
accidentes laborales o la derivada invalidez.
En 1963 se creó la Ley de Bases
de la Seguridad Social. Se reconoce en el artículo 41 de nuestra Carta Magna.
Según su clasificación, España
cae un puesto en el contexto europeo y tiene por delante a Holanda, Francia y
Dinamarca, que ocupan los puestos primero, segundo y tercero, respectivamente,
según datos del 15 de abril de 2024.
Y si en España podemos
presumir de algo es de tener uno de los sistemas sanitarios públicos más
avanzados del mundo. A pesar de sus carencias y de la progresiva
privatización del sector, nuestro país sigue siendo puntero en la mayoría de
los rankings más relevantes.
Si tenemos tan buen sistema
sanitario de médicos y enfermeras ATS no veo qué sentido tiene esa progresiva
privatización que aparecen como hongos en algunos territorios de nuestro país.
¿son mejores? Lo dudo. Yo creo que cualquier sanitario cuando termina sus
estudios y su periodo de preparación desea acceder a la sanidad pública, a la
que puede acudir todo español o residente en España. Probablemente, ahí esté el
motivo, la separación, la segregación, el privilegio.
Desde el punto de vista de los
derechos humanos, al que corresponde este artículo, es seriamente preocupante;
dotemos de más medios a nuestra sanidad pública, reduzcamos las largas listas
de espera para consultas de especialistas, para intervenciones quirúrgicas, que
no pocas veces ponen en riesgo la vida del paciente.
Siento especial satisfacción
cuando a lo largo de este año 2024 los cotizantes a nuestra Seguridad Social
superan los 21 millones.
(continuará)
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