Ante la Eutanasia que viene (IV): La opinión del Comité de Bioética de España (CBE), por Paco Acosta
En el número anterior publicamos
la postura manifestada por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos.
En esta entrega reproducimos la Nota de prensa del pasado octubre que, respecto a la atención especializada en el proceso de morir y la regulación de la eutanasia, emitió el Comité de Bioética de España, tras la publicación de un informe al respecto.
El Comité de Bioética de España es un órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, que desarrolla sus funciones, con plena transparencia, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud. Se encuentra adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Sus 12 miembros son
nombrados por el Ministerio, entre personas acreditadamente cualificadas del
mundo científico, jurídico y bioético. Sus informes son, o deben ser, muy
tomados en cuenta por los poderes públicos.
“El Comité de Bioética de España aprueba por unanimidad un informe sobre la eutanasia”
El
Comité de Bioética de España (CBE), en el ejercicio de la función determinada
por la ley de emitir informes en asuntos con implicaciones bioéticas
relevantes, ha aprobado por unanimidad el informe sobre “el final de la vida
y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la
regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación”.
Considerando que el Congreso está tramitando una proposición de ley que propone
no solo despenalizar la eutanasia sino, más allá, reconocerla como un verdadero
derecho a morir, y que se trata de una cuestión bioética que genera un enorme
interés y controversia en la opinión pública, el CBE acordó el pasado mes de
marzo elaborar un informe sobre el proceso de morir y la eutanasia para
contribuir al debate ciudadano con propuestas para la reflexión y la
deliberación. Es lo que ha ido haciendo la casi totalidad de los comités
nacionales de bioética de nuestro entorno cuando en sus países se ha planteado
la posibilidad de regular la eutanasia.
El
informe fue aprobado por unanimidad en la última reunión plenaria de 30 de
septiembre de 2020. En tiempos como los actuales, en los que los consensos
parecen difíciles de alcanzar, el logro de la unanimidad en un tema éticamente
tan complejo es una buena muestra de que el acuerdo es posible cuando se parte
de la reflexión, la escucha recíproca, la deliberación y la búsqueda de
acuerdos. Por ello, el informe aprobado no ofrece la opinión de una mayoría y
deja espacio de discrepancia particular a la minoría, sino que integra todos
los pareceres del Comité.
El
informe concluye que “existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales,
económicas y sociales, para rechazar la transformación de la eutanasia y/o
auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública. El
deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida,
directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y/o
psíquico debe ser siempre mirado con compasión, y atendido con una actuación
compasiva eficaz que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en
paz. Sin embargo, tal compasión no consideramos que legitime ética y legalmente
una solicitud que, ni encuentra respaldo en una verdadera autonomía, atendido
el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, ni, además,
queda limitada en sus efectos al propio espacio privado del individuo.
Legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de
desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles
de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra”.
La
protección integral y compasiva de la vida lleva al CBE a proponer la
protocolización, en el contexto de la buena praxis médica, del recurso a la
sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial
refractario. “Ello, junto a la efectiva universalización de los cuidados
paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario,
con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y la discapacidad, debieran
constituir, ética y socialmente, el camino a emprender de manera inmediata, y
no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una
prestación pública”.
Esta propuesta, entiende el Comité, “cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna. Responder con la eutanasia a la “deuda” que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional”.
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Es el propio informe, en su apartado Conclusiones, el que resume de manera concisa y clara la postura del CBE, resumida en la Nota de Prensa, y cuyos principales puntos son:
- Rechazan considerar la eutanasia y/o el suicidio asistido como un derecho subjetivo y convertirlo en una prestación pública.
- Consideran que legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra.
- Opinan que la eutanasia y/o auxilio al suicidio no son signos de progreso sino un retroceso de la civilización.
- Proponen la protocolización, en el contexto de la buena praxis médica, del recurso a la sedación paliativa junto con la efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario.
Claramente se observa que estos puntos no han sido considerados en la Ley española de Regulación de la Eutanasia, que próximamente entrará en vigor.
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